Terminó el año 2020 con gran sufrimiento para el mundo entero. Los decesos, los cierres, los empleos perdidos, el personal de la salud al tope de su capacidad, las cifras económicas en negativo, nunca antes vistas. Grandes ejercicios de solidaridad motivaron la caridad, y la respuesta estuvo en un rápido consenso social sobre la necesidad del cuidado propio como máxima para evitar el ritmo acelerado de los contagios.
Pero la asepsia, el distanciamiento y el uso de tapabocas no son prácticas exclusivas para evitar la rápida expansión del virus: también lo son para la reactivación de la economía. En un principio, una sociedad aturdida enfrenó un debate entre la salud y la economía, sin que esté demostrada una disyuntiva entre estas dos. El ritmo de la economía y la importancia de permitirle a todos los ciudadanos prodigarse los medios para su subsistencia, no la admiten.
Optar por los cerramientos ha demostrado no ser la medida idónea para actuar contra el virus. De hecho, las voces más técnicas han argumentado que los cerramientos sólo aplazan los picos de pandemia, como en efecto ha quedado demostrado con el pico de pandemia originado este principio de año. Pero también deben saber los mandatarios, aun los más lejanos al sector privado y a la actividad económica, que apelar a cerramientos disminuye el comercio, con una consecuente disminución en sus ingresos más importantes: los impuestos. Y no es menos grave para Colombia, por un débil sistema de justicia y una menor relación de agentes de fuerza pública por número de ciudadanos, que el aumento de inseguridad está a la vuelta de la esquina tras la pérdida de la actividad económica.