Desde el proceso constituyente de 1991, se estableció que para que Colombia funcione bien, debe tener una estructura descentralizada y con regiones fuertes y competitivas. No en vano, el artículo primero de la Carta consagra que “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”.
La discusión sobre el modelo de Estado y, en particular, la descentralización de Colombia no es nueva. De hecho, la disyuntiva sobre si el país debía tener una estructura centralizada o una federal, fue uno de los puntos que detonó la relación entre Bolívar y Santander, los dos grandes padres de la independencia. Más de dos siglos después, el debate sigue vigente y, tristemente, pareciera que se habla mucho, pero se consigue poco.
Escuchamos con frecuencia a los candidatos presidenciales prometiendo “visitar las regiones” como si esto fuera un favor. No se trata de visitas, sino de aceptar que Colombia necesita una transformación profunda en su modelo administrativo, adaptado a las realidades y necesidades de cada territorio.
En 2018, la Ley 1962 de 2019 impulsó el fortalecimiento de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y estableció el proceso para su conversión en Región Entidad Territorial (RET). Esta ley también creó la misión de descentralización, un espacio de reflexión cuyo propósito es reorganizar el Estado y racionalizar las finanzas públicas. En particular, busca reducir el tamaño del gobierno central, excesivamente grande y centralizado, para abrir paso a un nivel de gobierno regional que realmente funcione.
