Estamos ante una crisis económica. En el primer trimestre del año el sector privado decreció -0,1%. En lo corrido del 2024, han cerrado más de 228 mil empresas. La reforma tributaria de Petro, que les quitó a los empresarios cerca de 17 billones, sumada a la incertidumbre política y fiscal, resultó en un decrecimiento de la inversión del -13%, una de las peores cifras en América Latina.
La carestía de los alimentos por inflación hay que sumarle la decisión de imponerle impuestos bajo el nombre de saludables a productos que consumen muchos ciudadanos: Fenalco reveló que el impuesto saludable redujo las ventas en tiendas de barrio entre el 10% y 15%. La confianza industrial en abril fue de -3,4.
También están los impuestos absolutamente absurdos como la sobretasa de renta que Petro le puso a las hidroeléctricas en pleno inicio del fenómeno del Niño. Además, el aumento del impuesto a la producción de energía con fuentes no convencionales como la eólica y la solar, que terminaron pagando más que el carbón. Luego siguió la destrucción del sector constructor, uno de los mayores apalancadores de la economía. El gobierno destruyó el programa de “Mi Casa Ya”, llevando a una caída en las ventas de viviendas de interés social en el primer trimestre del -15%, en los lanzamientos de nuevas viviendas de -35,6%, y en las iniciaciones de proyectos de -19,9%.
Según Fedesarrollo, por cada peso invertido en obras civiles se produce un aumento de 2,25 pesos en la producción nacional, 2,46 en salarios y 4,9 en impuestos. El gobierno nacional también deterioró la confianza en este sector al amenazar con no pagar más las inversiones de infraestructura de 4G. Esto se sumó al congelamiento arbitrario de los valores de peajes en Colombia; el Estado tendrá que enfrentar demandas.
