En el peor momento de la pandemia de la COVID-19 en México —con contagios en niveles récord y hospitales desbordados—, con una crisis de violencia que por tercer año consecutivo dejó más de 30.000 homicidios y la controversial exoneración del general Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo frente en el debate público que no debemos perder de vista: la posible extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI).
Parecería una mala broma: eliminar la institución que por dos décadas se ha encargado de construir el sistema de transparencia que obliga a cerca de 900 dependencias de todos los niveles a publicar sus gastos, contratos, nóminas, entre otros documentos, y que creó la plataforma con la que todos los ciudadanos podemos preguntar y pedir información directa al gobierno. Pero no es una broma. Tampoco parece un mensaje azaroso para distraer a la opinión pública.
El caso del INAI es particularmente importante. México ha librado una larga batalla por afianzar su democracia y su institucionalidad después de siete décadas de un gobierno presidencialista de partido único y una alternancia democrática frágil.
Para lograrlo, los órganos autónomos de contrapeso al poder estatal han sido indispensables. México avanzó peldaños en su madurez democrática con la creación de estas instituciones independientes (además del INAI, están la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, entre otros).
Disolver el INAI significaría volver a los tiempos del poder sin contrapesos, de los secretos bajo llave y del discurso oficial como verdad predominante. La transparencia es esencial, para todos los gobiernos, pero especialmente para uno que llegó al poder con la bandera de erradicar los excesos del pasado.
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Desde 2019, el primer año de su gobierno, López Orador había mostrado su desprecio al INAI y otros órganos autónomos, que son parte del Estado pero no están subordinados a Palacio Nacional. Que son caros —ha dicho el presidente—, que duplican funciones del Poder Ejecutivo y que se necesitaban para controlar a gobiernos corruptos del pasado, pero no para el suyo, que por decreto es honesto y transparente.
Ahora todo indica que el mandatario quiere pasar de la retórica a la acción. El 7 de enero anunció que está casi lista la iniciativa legislativa para absorber al INAI, un cambio tan importante que requiere enmendar la Constitución para borrar, por decreto, al instituto que vela por dos derechos constitucionales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Para justificar sus ataques al INAI, que ha estado funcionando desde 2002, el presidente está dispuesto a mentir desde la poderosa tribuna mediática que son sus conferencias de prensa matutinas, las llamadas Mañaneras.
Lo ha hecho en varias oportunidades al acusar al “instituto de la transparencia” —como él lo denomina— de ser una “gran tapadera” y contribuir a la opacidad, obviando deliberadamente que no es el INAI el dueño de la información para decidir qué oculta o no, sino que son los gobiernos y sus dependencias los que la poseen, administran y clasifican.
Y ha puesto de ejemplo el caso Odebrecht. El presidente señala al instituto de mantener en secreto el expediente de investigación sobre la corrupción de la constructora brasileña en México. Lo ha repetido desde 2019, la última vez el 14 de enero. Lo que calla es que dicha clasificación en realidad fue impuesta por la entonces Procuraduría General de la República y fue ratificada por la hoy Fiscalía General, que dirige la persona que el propio López Obrador designó como encargado.