El temor de que el covid-19 llegara a los establecimientos penitenciarios del país se hizo realidad. La situación más crítica la vive hoy la cárcel de Villavicencio, que fue la primera en registrar casos y en la que ya se confirmaron dos muertes a causa de la enfermedad.
Una tercera persona, que también hacía parte del pabellón Santander, se encuentra en grave estado de salud en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras haber dado positivo.
Este martes 14 de abril, el gobernador de ese departamento, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que fueron confirmados 15 nuevos casos en ese mismo establecimiento.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseguró que está trabajando para controlar el virus en esta prisión. Aseguró que, por el momento, se pidió la práctica de otras 55 pruebas y tamizaje a los asintomáticos para determinar un posible contagio entre los demás internos.
Además, informó que se están haciendo constantes jornadas de limpieza y desinfección, que entregaron dos mil tapabocas, kits de jabón y adecuaron las instalaciones de lo que era el pabellón de mujeres para aislar a algunos de los presos.
Sin embargo, los mismos funcionarios penitenciarios y recluidos consideran que estas medidas no son suficientes, que se han demorado para expedir el decreto de la emergencia carcelaria y que, en caso tal de que la situación se agrave y fallezcan más personas privadas de la libertad en las diferentes cárceles del país, el Estado tendría la obligación de responder.
¿Qué podría pasar y cuál sería su responsabilidad? Pamela Ruiz, abogada penalista y experta en temas penitenciarios, habló con KienyKe.com.
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Ruiz señaló que, apenas una persona pierde su libertad y se le restringen sus derechos, el Estado adquiere una posición de garante y, en esa virtud, tiene el deber jurídico concreto de “obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable”.
“Esta posición de garante hace que ellos sean los responsables de la vida y salud de los internos. Deben prevenir que esta enfermedad llegue a las cárceles y, si llega, son los responsables de solucionarlo”, explicó.
Señaló que, en ese sentido, si algún interno muere o sufre un daño irremediable por causa del coronavirus, el Estado puede ser demandado por las víctimas por vía administrativa.
“Básicamente los responsables serían el Inpec y la Uspec por ser parte del Estado y ser los encargados de las cárceles. Ellos tendrían que indemnizar a los familiares del interno que murió por coronavirus y, si es una persona que resultó gravemente lesionada, a ella se le tendría que dar una indemnización”, aseguró.
