La posibilidad de una excarcelación masiva tiene enfrentados al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación debido a que esta última considera que no es una medida oportuna para prevenir y enfrentar el Covid-19 en los centros penales del país.
La cartera de Justicia, dirigida por Margarita Cabello, dio a conocer algunos de los puntos que contemplaría el decreto como, por ejemplo, el otorgamiento de la detención y prisión domiciliaria a más de cinco mil internos.
Entre los beneficiados estarían las madres cabezas de familia, mayores de 60 años, enfermos terminales, quienes hayan cumplido más del 50 % de la pena, los que están condenados por delitos menores y por otras actuaciones ilícitas que no representen peligro para la sociedad como los actos irregulares cometidos por funcionarios públicos.
El fiscal general Francisco Barbosa expresó las profundas diferencias que tiene con el borrador del decreto porque aseguró que “es confuso”, tiene tintes inconstitucionales, no solucionaría la crisis y generaría un “caos en el sistema”.
A juicio de Barbosa, las facultades extraordinarias que le fueron entregadas al presidente Iván Duque en virtud del Estado de Emergencia estarían siendo utilizadas para resolver un problema estructural (el hacinamiento carcelario) y no para afrontar la coyuntura sanitaria actual.
En términos jurídicos, esto significaría que el borrador del Ministerio “no supera el juicio de conexidad material y finalidad”.
Aseguró también que el decreto demostraría una arbitrariedad al interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público, pues desconocería las atribuciones constitucionales de la Fiscalía. Indicó que, entre otros puntos, “le asignaría funciones administrativas que no le competen, como la custodia y vigilancia de los internos cuando ello es responsabilidad del Inpec”.
Para el fiscal, “no existe una explicación sobre el porqué la reducción temporal de la población privada de la libertad evitaría la propagación del virus”. Sobre este punto, señaló que debe resaltarse que la detención o prisión domiciliaria transitoria trae cargas para el Estado, pues “el recluso continúa privado de la libertad en su domicilio pero a órdenes del Estado”.
“En consecuencia, el Estado es responsable por el contagio del procesado o reo y de su familia. Esta medida no evita ni reduce el riesgo de propagación del Covid-19”, afirmó.
Mencionó que la sustitución de medida intramural por la prisión y/o detención domiciliaria masiva “no es una medida sanitaria ni protege adecuadamente la salud de los internos”.
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“Es claro que la medida abandona a su suerte a estas personas, como quiera que su traslado a un domicilio privado no se acompaña de ninguna medida específica para prevenir o mitigar el riesgo de contagio”, resaltó.