El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) decretaron un Estado de Emergencia Carcelaria con el fin de preservar la salud y el orden público tras la grave situación que se registró este fin de semana en diferentes prisiones del país.
En la noche del sábado 21 de marzo se presentaron varios desórdenes y amotinamientos porque varios internos protestaron y exigieron la implementación de medidas urgentes para prevenir el coronavirus dentro de los centros penales.
El resultado de los enfrentamientos en la cárcel La Modelo de Bogotá fue de 23 internos muertos, 83 heridos y 2 funcionarios del Inpec en estado crítico, mientras que en la cárcel de Cómbita (Boyacá) dos reclusos fallecieron.
A raíz de la situación, varios sectores solicitaron decretar emergencia carcelaria con el fin de que se organice una estrategia dirigida a enfrentar la crisis sanitaria por el Covid-19 y así proteger la salud y la vida de los miles de hombres y mujeres que están actualmente en prisión.
El abogado Iván Cancino le dijo a KienyKe.com que el decreto le da a las autoridades a cargo de la población privada de la libertad las facultades contempladas en el Artículo 168 del Código Penitenciario como, por ejemplo, clausurar los establecimientos penales, trasladar internos y hacer efectivas las libertades y detenciones domiciliarias que ya están concedidas para solventar el hacinamiento en medio de la pandemia.
¿Qué más se debe hacer?
La Defensoría del Pueblo dijo que la declaración de emergencia carcelaria es el primer paso para superar el “estado de cosas inconstitucionales” al interior de los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, aseguró que en sí misma no es suficiente, pues consideró que las medidas no deben ser transitorias sino permanentes.
Indicó que el hacinamiento de las cárceles en Colombia incrementa las posibilidades de una crisis de contagio del coronavirus, pero que, lo anterior, en el entendido de que si es superada la pandemia y quienes gozaron de detención domiciliaria regresan a la cárcel, “significaría entonces que el estado de cosas inconstitucionales, en el punto del hacinamiento, volvería a su punto más crítico”.