La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina, le envió a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, sus observaciones frente al borrador del decreto de excarcelación transitoria por la emergencia sanitaria que vive el país por el Covid-19.
En una misiva indicó que, tras la declaración de emergencia carcelaria, surge la posibilidad de que se decrete una medida “especialísima y transitoria” para evitar el contagio de las personas privadas de la libertad con base en el mismo régimen penitenciario que permite que las autoridades administrativas adopten decisiones de traslados de los internos.
Remolina señaló que, entre las facultades que contempla la ley, se podría establecer que la dirección del Inpec ordene el traslado de reclusos a su residencia con la finalidad de protegerlos del virus en los casos y condiciones que el Gobierno determine.
“No se trata de conceder propiamente un beneficio sino de adoptar medidas que protejan a la población carcelaria de los riesgos inherentes a la pandemia que está azotando a la humanidad”, mencionó.
En relación con las demás consideraciones, la presidenta de la Judicatura mencionó que resulta evidente que, en la eventual regulación que se expida, debe quedar claro que las medidas que se establezcan “no resultan ser un beneficio en estricto sentido, pues “la detención preventiva domiciliaria y la prisión domiciliaria transitorias son una medida de aseguramiento y una pena sustitutiva, respectivamente”.
Por otro lado, dijo que es necesario que en la norma se contemple que las medidas excepcionales establecidas solo se aplicarán bajo iniciativa o recepción centralizada por parte del área jurídica de los establecimientos de reclusión, responsables de URI’s y de estaciones de policía. Además, indicó que se deberá identificar de manera expresa los requisitos y soportes que justifiquen cada caso.