Desde el pasado lunes 14 de julio, los productores arroceros del país iniciaron un Paro Nacional para exigir soluciones reales a la crisis económica que atraviesa el sector. Las protestas ya afectan al menos ocho departamentos.
El campo colombiano está nuevamente en paro. Esta vez, son los pequeños y medianos productores de arroz quienes decidieron tomarse las vías del país como forma de presión frente a lo que consideran una falta de garantías por parte del Gobierno Nacional. Desde el lunes 14 de julio, decenas de bloqueos han sido reportados en varios departamentos, especialmente en zonas estratégicas para el transporte y comercio agrícola.
La movilización, liderada por Dignidad Agropecuaria, se ha concentrado principalmente en Tolima, Huila, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre y Cesar, donde los arroceros han instalado campamentos y puntos de resistencia.
¿Dónde se concentran los bloqueos del paro arrocero?
En Tolima, los bloqueos se reportan en Saldaña, la vía que conecta a Espinal con Neiva, así como en Gualanday y la intersección Chicoral–Bogotá–Ibagué.
En Huila, hay presencia en Campoalegre, Tesalia, el peaje de la entrada a Neiva y en Pablo Nuevo, en los límites con Tolima.
En Córdoba, se concentran en Doctrina, Las Garitas (Lórica) y Tierra Alta.
Meta registra bloqueos en Llano Lindo, Casanare en Aguazul, Arauca en Tame, Sucre en la región de La Mojana, y Cesar en La Jagua de Ibirico, San Alberto y Aguachica.
Caída de precios y pérdidas económicas: el corazón del reclamo
El origen de la protesta radica en una profunda crisis de rentabilidad. Según datos de los mismos productores, el precio por carga de arroz ha caído en casi un 20% en menos de un año. En octubre de 2024, una carga de 125 kilos se pagaba en promedio a $235.000, mientras que hoy, ocho meses después, apenas alcanza los $170.000.
A esto se suma el desbalance entre costos de producción y precios de venta. Producir una hectárea de arroz cuesta cerca de $11 millones, pero los ingresos generados por su comercialización apenas superan los $9 millones, lo que significa una pérdida neta de $2 millones por hectárea sembrada.
