La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación disciplinaria para determinar si existieron irregularidades en un millonario contrato de asesoría jurídica internacional firmado por la Presidencia de la República con una firma extranjera que, además, representa legalmente al presidente Gustavo Petro en Estados Unidos tras su inclusión en la denominada “Lista Clinton”.
El acuerdo objeto de revisión fue suscrito el pasado 9 de enero de 2026 por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) con la empresa Amadeus Consultancy Limited. El contrato tiene un valor de 10.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 2,7 millones de dólares, y su objetivo formal es la “prestación de servicios profesionales altamente especializados en defensa jurídica internacional frente a eventuales sanciones financieras impuestas por autoridades extranjeras”.
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De acuerdo con información revelada por la Procuraduría y conocida por la agencia EFE, en el análisis preliminar del proceso contractual se encontraron varios aspectos que podrían configurar faltas disciplinarias. Uno de los puntos que más llamó la atención del Ministerio Público es que, pese a tratarse de un contrato de alta cuantía financiado con recursos públicos, no se habrían exigido garantías de cumplimiento, requisito habitual en este tipo de acuerdos.
Otro elemento que será evaluado por el ente de control es la estructura de pagos pactada en el contrato. Según la Procuraduría, los desembolsos están concentrados en un periodo muy corto de tiempo, ya que la ejecución finaliza el próximo 30 de abril de 2026, lo que podría afectar los principios de planeación y eficiencia del gasto público.
Además, se cuestiona que los productos exigidos a la firma contratista se limitan a la elaboración de conceptos, análisis y recomendaciones, sin que se hayan establecido resultados verificables ni indicadores de impacto que permitan medir la efectividad real del servicio contratado.
Para el organismo de control, esta situación impide evaluar si el contrato responde a criterios de necesidad, proporcionalidad y eficacia, como lo exige la normatividad que regula la contratación estatal en Colombia.
