Nuevos precios del licor y tabaco por emergencia económica

La decisión del Gobierno Nacional de modificar la estructura tributaria de productos como licores, vinos y tabaco abrió un nuevo frente de tensión con los mandatarios regionales. Las medidas, adoptadas mediante el Decreto Legislativo 1474 de 2025 en el marco de la emergencia económica y social decretada en diciembre de 2025, buscan fortalecer las finanzas del nivel central, pero han generado un fuerte rechazo en los departamentos.

De acuerdo con el Ejecutivo, los ajustes permitirían recaudar más de 11 billones de pesos adicionales, recursos que serán destinados a cubrir gastos del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, gobernadores y representantes del sector productivo advierten que la reforma podría tener consecuencias negativas para el recaudo territorial, el empleo y la salud pública.

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Incrementos que golpean el bolsillo

Uno de los cambios más polémicos es el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a licores, vinos y aperitivos, que pasó del 5 % al 19 %. Hasta ahora, ese 5 % se transfería directamente a las gobernaciones como una fuente clave de ingresos propios. Con la nueva normativa, el porcentaje adicional será administrado por el Gobierno central, lo que, según los mandatarios, debilita la autonomía fiscal de las regiones.

El impacto en los precios será inmediato. Un ejemplo claro es el de los cigarrillos: si antes una cajetilla de 20 unidades pagaba 4.068 pesos en impuestos, con la reforma ese valor podría ascender a 11.200 pesos. En el caso de los licores, una botella de aguardiente de 750 mililitros que actualmente se comercializa en cerca de 50.000 pesos pasaría a costar alrededor de 63.000 pesos.

La norma también incluyó el cobro de IVA a las operaciones de juegos de suerte y azar realizadas exclusivamente por internet, una actividad que hasta ahora no estaba gravada con este impuesto.

Temor por la caída del recaudo regional

Para los gobernadores, la principal preocupación radica en que los impuestos al consumo de licores han sido históricamente un pilar de la financiación departamental. Con esos recursos se sostienen programas de salud, educación y deporte, por lo que cualquier disminución tendría efectos directos en la prestación de servicios públicos.

Los mandatarios advierten que el fuerte aumento en los precios podría desestimular la compra legal y abrir la puerta a un crecimiento del contrabando y el mercado informal. Este fenómeno, señalan, no solo reduciría aún más los ingresos de las regiones, sino que incrementaría los riesgos de consumo de bebidas adulteradas, con graves implicaciones sanitarias.

La inconformidad ha sido tal que 17 de los 32 gobernadores anunciaron públicamente que desconocen la declaratoria de emergencia económica, al considerar que las decisiones adoptadas afectan la autonomía territorial y vulneran la Constitución.

El Decreto 1474 de 2025 introdujo cambios adicionales en materia tributaria. Uno de ellos es la reducción de 200 a 50 dólares del umbral para la exclusión del IVA en importaciones realizadas por tráfico postal y envíos urgentes, medida que impacta de forma directa el comercio electrónico transfronterizo.

En cuanto al impuesto al consumo de licores, el componente específico aumentó un 119 %, pasando de 342 a 750 pesos por grado alcoholimétrico. A esto se suma el incremento del componente ad valorem, que subió del 25 % al 30 %, elevando aún más el precio final que paga el consumidor.

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Industria licorera prende las alertas

El sector productivo también ha expresado su preocupación. Beatriz Jaramillo, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (CABA), afirmó que el impacto de los nuevos impuestos podría oscilar entre 80 % y 160 %, con especial afectación para los vinos, que antes contaban con una tarifa diferencial.

Empresas como la Industria Licorera de Caldas ya proyectan incrementos significativos. Una botella de Aguardiente Amarillo de Manzanares pasaría de 49.705 pesos en 2025 a 71.112 pesos en 2026, mientras que el Ron Viejo de Caldas subiría de 54.545 a 84.604 pesos.

En Antioquia, la Fábrica de Licores y Alcoholes advirtió que los aguardientes tendrían un alza superior al 48 %, lo que podría traducirse en una caída de ventas, afectación al comercio formal y un aumento del licor ilegal.