Un grupo de nueve personas, siete mujeres y dos hombres, vinculadas a la Gobernación del Cauca y encargadas de labores humanitarias, fue secuestrado el jueves 17 de julio en la zona rural de López de Micay por el Bloque Occidental de las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por alias “Iván Mordisco”
Según la organización armada, los contratistas fueron retenidos bajo la acusación de estar instalando equipos militares para el Ejército Nacional, con el fin de bloquear señales y derribar drones. En contraste, la Gobernación aclara que desempeñaban un papel estrictamente civil y social, trabajando con las Juntas de Acción Comunal para acercar servicios institucionales a comunidades vulnerables.
Lea también: Gustavo Bolívar presentó su precandidatura a las elecciones presidenciales
El gobernador Octavio Guzmán calificó el hecho como “una clara violación al Derecho Internacional Humanitario” y enfatizó que los secuestrados “no representaban amenaza alguna: llevaban oferta institucional a comunidades en condición de vulnerabilidad”. Asimismo, envió un llamado urgente al presidente Gustavo Petro, al ministro del Interior Armando Benedetti, a la Cruz Roja Internacional y a organismos de derechos humanos para que intervengan en el proceso de liberación.
El viernes 18 de julio, se realizó una velatón en Popayán, donde familiares y colegas clamaron por la libertad de los contratistas, muchos de los cuales trabajan en proyectos de paz y desarrollo rural. Durante el acto, Guido Güengue, padre de una de las secuestradas, expresó: “Ellos son trabajadores… que regresen al lado de sus familias”.
