Una de las decisiones más comentadas en el país en los últimos días es la expedición del Decreto 1166, emitido por el Gobierno nacional el 4 de noviembre, y que reconfigura los requisitos para desarrollar proyectos de mejoramiento, autoconstrucción y construcción en sitio propio. La norma habilita que estas intervenciones puedan ejecutarse sin una licencia de construcción, reemplazándola en algunos casos por una “carta de responsabilidad” firmada por un profesional.
La medida, planteada como un mecanismo para agilizar procesos de vivienda de interés social, abrió un debate inmediato en un país donde casi cinco millones de hogares padecen déficit habitacional y donde están en juego más de $12,5 billones destinados a programas públicos de vivienda.
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Preocupación en el sector: ¿retrocede la regulación?
Una de las voces más críticas frente al decreto fue la de la concejala de Bogotá Sandra Forero, expresidenta de Camacol, quien alertó que la eliminación de la licencia en algunos procedimientos constituye un retroceso significativo.
Forero fue contundente:
“El Decreto 1166 es muy grave […] Esta norma es terrible”, afirmó.
Para la concejala, trasladar el cumplimiento de normas técnicas —como la sismorresistencia— a simples certificaciones profesionales sin un control previo obligatorio es un riesgo que recae directamente sobre las familias colombianas.
“Esto va a quedar en manos de personas no idóneas y va a jugar con la confianza de los hogares”, advirtió.
Riesgos para los recursos públicos: $12,5 billones en debate
Además del impacto técnico, Forero cuestionó la ejecución presupuestal del Gobierno.
El Ejecutivo anunció que realizaría 400.000 mejoramientos de vivienda, pero solo ha entregado subsidios para 50.000. Cada intervención cuesta cerca de $31 millones, lo que suma más de $12,5 billones que podrían dirigirse a proyectos sin licenciamiento.
