A pocas semanas de la jornada electoral, el Ministerio de Defensa presentó un balance de resultados y medidas para reforzar la seguridad y transparencia electoral en el país. El informe incluye millonarias incautaciones, procesos judiciales en curso y un amplio despliegue de la Fuerza Pública.
El ministro Pedro Sánchez fue enfático al advertir que la democracia depende de la vigilancia institucional frente a prácticas ilegales. En ese contexto, confirmó la incautación de 623 millones de pesos que, según las autoridades, estarían relacionados con delitos electorales en los departamentos de Antioquia, Santander, Meta y Cundinamarca.
El resultado se atribuye a operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que mantienen abiertas múltiples investigaciones.
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Catorce macrocasos en investigación
De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, actualmente avanzan 14 macrocasos que involucran conductas como constreñimiento al sufragante, financiación ilegal de campañas, inhabilidades e incompatibilidades y suplantación de electores.
Estas investigaciones, explicó, se concentran en las prácticas que más impactan la equidad en la contienda política y el derecho al voto libre.
Las acciones hacen parte del denominado ‘Plan Democracia’, una estrategia que se ha desarrollado durante casi un año con la participación de distintas entidades del Estado. El plan contempla monitoreo permanente de riesgos y ajustes operativos según la evolución de las amenazas.
Como resultado de ese análisis, fueron identificados 208 municipios con nivel de riesgo alto, donde se incrementó la presencia de la Fuerza Pública para prevenir alteraciones del orden público durante la jornada.
