Kevin Arley Acosta Pico tenía siete años y una sonrisa que, según su madre, iluminaba la casa en Palestina, un municipio agrícola de cerca de doce mil habitantes en Huila. Vivía allí desde hacía un año junto a su mamá, Yudy Katherine Pico, su pareja y su hermana menor. Pero Kevin no era un niño cualquiera: padecía hemofilia A severa, un trastorno genético que impide la correcta coagulación de la sangre y que exige tratamiento permanente para evitar hemorragias potencialmente mortales.
El medicamento que necesitaba se llama Emicizumab. Debía aplicarse cada 28 días, en una dosis de 105 mg. Su costo mensual oscilaba entre $36 y $40 millones, una cifra imposible de asumir para la familia sin el respaldo del sistema de salud. La última vez que Kevin recibió el tratamiento fue el 2 de diciembre de 2025. Desde el 12 de diciembre ya no tenía IPS asignada.
La IPS Medicarte terminó su contrato con Nueva EPS el 1 de enero de 2026. La EPS informó que sería trasladado a Integral Solutions, pero solo alcanzó a tener una consulta telefónica. Al día siguiente, su madre fue notificada de que tampoco existía contrato vigente. Kevin quedó, en la práctica, sin red de atención.
Le puede interesar: Petro aseguró que el salario vital “se mantiene” y convoca a marchas en todo el país
La caída que lo cambió todo
El domingo, mientras jugaba en su bicicleta frente a la iglesia de Palestina, Kevin cayó desde una altura aproximada de metro y medio. Se golpeó la cabeza. Su madre lo llevó de inmediato al centro de salud local. “Desde el 12 de diciembre me lo habían dejado sin tratamiento”, relataría después.
Fue remitido al hospital San Antonio de Pitalito el 8 de febrero, tras presentar sangrado nasal y vómito con sangre. Para un niño con hemofilia severa y sin medicamento, un golpe en la cabeza puede convertirse en una sentencia. El diagnóstico fue devastador: sangrado cerebral, una condición de riesgo vital inmediato.
Durante días, Yudy suplicó un traslado urgente a Bogotá. Solo el 9 de febrero, tras presión en redes sociales y denuncias públicas, Nueva EPS autorizó el traslado. Kevin ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia en Bogotá. Llegó crítico. “Su cerebrito ya no respondía”, contó su madre.
El viernes 13 de febrero, Kevin murió.
El movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 organizaciones, calificó el caso como una muerte “evitable” y responsabilizó a Nueva EPS y al Gobierno. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras aseguró que la falta de tratamiento constituyó una “grave vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida”.
