La Casa de Nariño volvió a mover el tablero económico. En el tercer consejo de ministros de la semana, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Gobierno expedirá decretos para obligar al sistema financiero a dirigir recursos hacia sectores productivos, en el marco de la emergencia económica decretada por la crisis invernal que afecta a Córdoba y otras regiones.
La decisión revive el debate sobre las inversiones forzosas, figura que meses atrás había quedado archivada tras un acuerdo con la banca.
En agosto de 2024, el Ejecutivo y el sector financiero firmaron el denominado Pacto por el Crédito, que permitió retirar un proyecto de ley que imponía por norma la destinación obligatoria de recursos. El compromiso contemplaba 250 billones de pesos en 18 meses para impulsar vivienda, agricultura, turismo y economía popular.
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Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que la promesa no se tradujo en el impacto esperado. Según su balance, el crédito siguió concentrándose en consumo y no en producción ni en esquemas asociativos.
Durante 19 sesiones de trabajo, los bancos advirtieron que una imposición legal podría encarecer el crédito y afectar la confianza. Pese a ello, el Gobierno considera que hubo incumplimientos y ahora recurrirá a decretos amparados en la emergencia.
Impuesto al patrimonio para 15.000 empresas
El componente tributario fue otro eje central. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció un decreto que crea un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, enfocado exclusivamente en las 15.000 empresas más grandes del país.
La propuesta excluye a micro, pequeñas y medianas empresas y establece:
- 0,6 % para patrimonios líquidos hasta 30.000 millones de pesos.
- 1,2 % para montos superiores.
- Un rango entre 200.000 y 600.000 UVT.