En un giro que sacude el panorama político y judicial de Colombia, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, ha denunciado públicamente ser víctima de interceptaciones ilegales por parte del gobierno nacional. Las revelaciones, contenidas inicialmente en una carta fechada el pasado 14 de junio, han desencadenado una urgente respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación.
El equipo de fiscales designados por la fiscal general Luz Adriana Camargo se ha movilizado con celeridad, enviando al equipo del CTI al despacho del magistrado Ibáñez para recabar detalles adicionales sobre las presuntas prácticas de espionaje. La instrucción directa de Camargo es clara: determinar lo antes posible la veracidad de las acusaciones que apuntan a la Dirección Nacional de Inteligencia como posible responsable.
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Ante la gravedad de las acusaciones, los presidentes de las Altas Cortes han cerrado filas en apoyo al magistrado Ibáñez y a la Corte Constitucional. Han solicitado a la Fiscalía acelerar las investigaciones y han advertido que cualquier confirmación de espionaje desde el Gobierno podría minar la independencia judicial y amenazar los principios democráticos del país.
