Nos enfrentamos a un Estado de incertidumbre. La actualidad jurídica en Colombia atraviesa un momento de alta tensión. Lo que comenzó a finales de 2025 como un ambicioso paquete de medidas para estabilizar la economía, tras el freno de la ley de financiación que tuvo por parte del legislativo, atendiendo un déficit presupuestal el gobierno nacional con el decreto 1390 de 2025, se crea la ley de emergencia económica la cual hoy se enfrenta a un "choque de trenes" entre la urgencia del Ejecutivo y el control de la Corte Constitucional.
Para el sector empresarial y profesional, la pregunta no es solo si los alivios se mantendrán, sino qué tan sólida es la seguridad jurídica sobre la cual se están tomando decisiones financieras hoy mismo.
La cronología de este proceso inició en diciembre de 2025 con la expedición del Decreto 1390. A través de este, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, una herramienta constitucional que permite al presidente legislar con fuerza de ley para atender crisis sobrevinientes. Fue la respuesta institucional a una coyuntura que, según el Gobierno, no podía esperar los tiempos del Congreso.
Posteriormente se emitió el Decreto 1474, el cual estableció beneficios tributarios y alivios financieros concretos. Estas medidas fueron diseñadas para inyectar liquidez inmediata a las empresas y proteger el tejido social. Para muchos contribuyentes, este decreto representó un respiro necesario en sus proyecciones de caja para el inicio de 2026.
La Ponencia de Camargo y la Suspensión El panorama cambió drásticamente en la última semana de enero de 2026. El magistrado Juan Carlos Camargo presentó una ponencia ante la Corte Constitucional argumentando que las causas de la emergencia no cumplían con los requisitos de imprevisibilidad y necesidad extrema. Esto derivó en una suspensión provisional de las medidas, dejando en el aire la aplicabilidad de los alivios del Decreto 1474 mientras se decide el fondo del asunto.
