El contralor General, Felipe Córdoba, junto al procurador General, Fernando Carrillo y el fiscal General, Francisco Barbosa, expusieron al país una nueva serie de medidas disciplinarias contra varios mandatarios y funcionarios públicos por sus acciones administrativas en medio de la pandemia del Covid-19.
El procurador Carrillo informó que atendiendo las denuncias de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, inició vigilancia preventiva para establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria, a personas naturales o jurídicas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019.
- Lea también: Hectáreas de coca en Colombia se redujeron un 9 % en 2019
- Le puede interesar: Corrupción en época del Covid-19: anuncian nuevas imputaciones
El Ministerio Público vigila preventivamente los contratos adjudicados a 117 financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25, por un valor que supera los $12.500 millones con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Según informe de Alianza Ciudadana Activa, los contratistas fueron aportantes de las campañas políticas locales en 2019, por una cifra superior a los $ 4.7 mil millones.
"No solo recuperaron las donaciones que hicieron a las campañas políticas, sino que ganaron mucho más de lo que invirtieron. Es como un juego entre contratos, pesos y votos. Una cosa monstruosa", dijo Carrillo.
Adicionalmente, la PGN identificó 147 contratos, por valor de $47.028 millones, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, encontrando que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman $43.494 millones.
Decisiones de la Contraloría
Por irregularidades en las contrataciones la Contraloría abrió 3 procesos de responsabilidad fiscal por $2.121 millones contra el gobernador del Tolima.
También abrió procesos de responsabilidad fiscal contra el Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones); y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones)
La Contraloría ordenó además procesos de responsabilidad fiscal en contrataciones de la Alcaldía de Girardot (Cundinamarca) y la Alcaldía de Chiriguana (Cesar)
