siete semanas de la primera vuelta presidencial, la Defensoría del Pueblo les pidió a los aspirantes a la Casa de Nariño asumir una agenda mínima en derechos humanos. El documento pone el foco en desigualdad, paz y seguridad, ambiente y transformación rural, y busca llevar esas prioridades al centro de la campaña.
La apuesta de la entidad no fue presentar un catálogo amplio de propuestas, sino marcar los asuntos que, a su juicio, no admiten más aplazamientos. La hoja de ruta parte de una advertencia de fondo: el próximo gobierno recibirá un país con crisis sociales, humanitarias y territoriales abiertas, y tendrá que responder con decisiones concretas desde el arranque de su mandato.
Una agenda social que va más allá de la pobreza
El primer bloque se concentra en la desigualdad. La Defensoría plantea que el próximo presidente no debería reducir la discusión a indicadores económicos, sino enfrentar brechas que siguen afectando a mujeres, pueblos étnicos, jóvenes, personas mayores, población con discapacidad y comunidades rurales. En ese frente incluyó temas como el Sistema Nacional del Cuidado, la permanencia escolar, la protección de derechos laborales y la necesidad de revisar la sostenibilidad y la equidad del sistema de salud.
Ese enfoque busca mover la discusión electoral hacia decisiones de política pública que inciden directamente en la vida cotidiana de millones de personas. La entidad sostiene que la garantía de derechos no puede quedar separada de asuntos como el acceso efectivo a salud, educación, empleo digno y protección frente a violencias basadas en género.
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Paz, seguridad y territorio
El segundo eje, uno de los más sensibles en campaña, es el de paz y seguridad. La Defensoría insiste en que esa discusión no debería presentarse como una elección entre diálogo o fuerza, sino como una política integral orientada a proteger a la población civil. Para sustentar ese llamado, recordó que durante 2025 se registraron 107.924 personas desplazadas en eventos masivos y 128.825 personas confinadas, con afectaciones críticas en regiones como Catatumbo, Chocó, Antioquia, Nariño y Caquetá.
