El nuevo impulso del presidente Gustavo Petro a una Asamblea Nacional Constituyente volvió a poner sobre la mesa el precedente de 1991. Pero ese proceso no nació solo de una decisión presidencial: fue el resultado de presión ciudadana, crisis institucional, acuerdos políticos y decisiones judiciales.
De la calle al decreto
A finales de los años ochenta, Colombia atravesaba una crisis marcada por la violencia del narcotráfico, el asesinato de líderes políticos y el desgaste de la Constitución de 1886. En ese contexto surgió la Séptima Papeleta, una iniciativa impulsada por estudiantes que proponía depositar un voto adicional en las elecciones de marzo de 1990 para pedir una Asamblea Constituyente.
Esa papeleta no hacía parte formal del tarjetón electoral. Sin embargo, se convirtió en una señal política difícil de ignorar. No fue un procedimiento ordinario ni plenamente previsto por la Constitución vigente, sino una forma de presión ciudadana que obligó al sistema político a responder.
El primer paso institucional lo dio el gobierno de Virgilio Barco, que expidió el Decreto 927 de 1990. Esa norma autorizó a la organización electoral a contabilizar los votos que se depositaran en las elecciones presidenciales de mayo sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional.
En esa consulta, el apoyo ciudadano a la convocatoria fue amplio. La idea ya no estaba solo en las universidades ni en la movilización social: había entrado al terreno de las decisiones estatales.
El papel de Gaviria
César Gaviria llegó a la Presidencia en agosto de 1990 con ese proceso en marcha. Su papel fue convertir esa presión ciudadana y política en una ruta de convocatoria. El punto clave fue el Decreto 1926 de 1990, expedido el 24 de agosto, que fijó el marco para elegir a los miembros de la Asamblea.
El decreto estableció que la elección de los constituyentes se realizaría el 9 de diciembre de 1990. También definió reglas sobre la composición, el periodo de sesiones y el mecanismo electoral. La Asamblea se instaló después con delegatarios de distintas fuerzas políticas, incluido el liberalismo, sectores conservadores, la Alianza Democrática M-19 y otros movimientos.
