El Gobierno de Colombia oficializó el 28 de agosto de 2025 la entrada en vigor del Decreto 0949, con el cual se establece la prohibición absoluta de exportaciones de carbón a Israel. La medida surge como respuesta a la persistencia de los actos bélicos contra la población palestina y refleja la política exterior del presidente Gustavo Petro, orientada al respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
La norma fue firmada por Petro y por los ministros Diana Marcela Morales Rojas (Comercio), Rosa Yolanda Villavicencio (Relaciones Exteriores), Germán Ávila Plazas (Hacienda) y Edwin Palma Egea (Minas y Energía).
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Contexto del conflicto
El documento señala que desde el 18 de marzo de 2025 Israel intensificó su ofensiva en Palestina, lo que produjo un nuevo escalamiento del conflicto. En el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 17 de junio, se reportaron 680.000 palestinos desplazados, 5.334 asesinados y 17.839 heridos.
Si se amplía la línea de tiempo al 7 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2025, la cifra asciende a 55.637 palestinos muertos y 129.880 lesionados. El decreto subraya que incluso al intentar acceder a ayuda humanitaria como comida o medicinas, miles de personas han resultado víctimas de ataques.
El Gobierno del Cambio sostiene que con esta prohibición se evita que los recursos naturales colombianos terminen vinculados a lo que califica como un genocidio contra el pueblo palestino. El objetivo es impedir que el carbón se convierta en un insumo de la maquinaria de guerra israelí.
“Esta decisión responde a un análisis exhaustivo y a la necesidad de evitar que el carbón colombiano contribuya a las actividades militares de Israel, que vulneran principios fundamentales en la Franja de Gaza”, afirmó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.
Proceso de consulta previa
Antes de ser expedido, el proyecto normativo se publicó entre el 28 de julio y el 15 de agosto de 2025, periodo en el cual la ciudadanía y los sectores interesados enviaron observaciones. Varias de ellas fueron incorporadas en la versión definitiva.
El decreto aclara que la prohibición permanecerá vigente hasta que se cumplan las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia o hasta que cesen las condiciones que originaron la decisión.
