La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos documentó 410 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos entre 2022 y 2025 en Colombia. El dato vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: si la violencia bajó, subió o simplemente se mantuvo frente al periodo anterior. La respuesta, con la misma serie de Naciones Unidas, apunta más a una continuidad que a una ruptura.
Un dato grave, pero con una precisión necesaria
En el debate público colombiano suele hablarse de líderes sociales, pero la ONU mide personas defensoras de derechos humanos y solo cuenta los casos que logra verificar bajo esa condición. Esa diferencia importa porque evita comparar cifras construidas con metodologías distintas. En su nuevo reporte, la oficina documentó 972 asesinatos entre 2016 y 2025, señaló que 23 % de las víctimas entre 2022 y 2025 eran indígenas y concluyó que más del 70 % de los perpetradores evaluados fueron actores armados no estatales.
La alerta no se limita al número de homicidios. La ONU también reportó 2.018 amenazas y ataques contra defensores en ese mismo periodo y advirtió que esa cifra probablemente representa solo una parte del fenómeno, porque el Estado no cuenta con un sistema unificado y completo para registrar estas agresiones. A eso se suma otro dato preocupante: los recortes de financiación de la oficina en Colombia durante 2025 redujeron su capacidad de monitoreo y de respuesta en zonas de alto riesgo.
