Pruebas revelarían la creación de colectivo urbano señalado de vandalismo en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación, en trabajo articulado con la Dijin de la Policía Nacional, desarrolló un amplio proceso investigativo para poner en evidencia el funcionamiento de uno los denominados ‘colectivos’ o ‘uniones solidarias’ con los que los grupos residuales habrían promovido actos vandálicos y de terrorismo en Bogotá, entre noviembre de 2019 y septiembre de este año.

A lo largo de 10 meses, se realizaron 11 diligencias de registro y allanamiento, interceptaciones telefónicas que arrojaron más de 1.600 horas de escucha y 112.000 actividades como audios, datos y mensajes; vigilancias y seguimiento de personas, cotejos morfológicos y decadactilares, búsquedas selectivas en bases de datos, y solicitudes de información en entidades públicas o privadas, entre otras labores de policía judicial.

Con los elementos obtenidos fueron identificados los cinco presuntos integrantes de estas redes ilegales al servicio de las estructuras residuales, cuatro de ellos capturados en procedimientos cumplidos el pasado 18 de septiembre. 

En febrero de 2019, en la acción militar en la que murió Édgar Mesías Salgado Aragón, alias Rodrigo Cadete, cabecilla de las organizaciones disidentes en el suroriente del país, fueron incautados dispositivos electrónicos y documentos en los que estaban los lineamientos de creación de ‘colectivos’ o ‘uniones solidarias’. 

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La información obtenida precisaba que eran grupos de máximo cinco personas, que se encargarían de realizar adoctrinamiento y reclutar universitarios o jóvenes en sectores urbanos para ejecutar actos vandálicos, ataques a la fuerza pública, movilizaciones y bloqueos en las ciudades. El articulador de esas redes fue identificado como Wilson Reinel Moreno, alias Martín.

Inicialmente, en los controles a las comunicaciones quedó definida su presunta participación en los bloqueos realizados en el sur occidente de Bogotá, los daños al portal de Transmilenio de Las Américas, saqueos y fuertes enfrentamientos con la fuerza pública en los sectores de Patio Bonito y Tintal, así como el uso de artefactos no convencionales para atacar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Todos estos hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2019.

Según la Fiscalía, el colectivo urbano en Bogotá se constituyó oficialmente el 22 de enero de 2020 gracias al reclutamiento de jóvenes y planeación de actividades por parte de alias Justo.

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Luego del análisis de las 1.600 horas de escucha, se estableció que el grupo residual, fue integrado por cinco personas:

• Justo Ernesto Villarraga Trujillo, alias Justo. Este hombre de 73 años tendría comunicación directa con alias Martín, y sería el principal articulador de las actividades de reclutamiento y selección de jóvenes, así como de la programación de las actividades ilegales.
• Érika Lorena Flórez Durán, alias Érika o Katara. Señalada de ubicar estudiantes en las universidades públicas y privadas de la ciudad, y estimular su participación en actos vandálicos. Sostenía comunicación directa con alias Martín.
• Ruth García Estrada, alias Rosita. Los elementos de prueba la ubican en la primera línea del ‘colectivo’, como la personas que, al parecer, daba la aprobación final a todos los movimientos de la red criminal. Esta mujer es buscada mediante notificación azul de Interpol.
• Greyssi Alexandra Perilla, alias La Pola. Se le atribuye impulsar la creación del ‘colectivo’ y definir un supuesto protocolo de intervención en las movilizaciones, desórdenes o choques que se generen.
• Miguel Andrés Parga, alias El Profe. Las evidencias dan cuenta de que sería una ficha activa en todo el andamiaje ilegal. Se le vincula a la planeación de los desórdenes, la convocatoria y la coordinación de las personas que participaban. 

 

La Fiscalía imputó a ‘Justo’, ‘Érika’, ‘La Pola’ y ‘El Profe’ los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; obstrucción  de vías públicas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. Los cargos no fueron aceptados por los procesados. El ente investigador solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario.