El proyecto de remodelación del Estadio Nemesio Camacho El Campín, estructurado bajo el modelo de Alianza Público-Privada (APP), ha despertado preocupación entre diversos sectores de la ciudadanía por sus implicaciones más allá del ámbito deportivo.
El contrato de APP firmado entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y un consorcio privado contempla una inversión de 2,4 billones de pesos y otorga la operación del estadio por 29 años. Según lo estipulado, el Distrito recibiría apenas el 1% de las ganancias del proyecto, una cifra que ha sido objeto de cuestionamientos.
“Es inaceptable que la ciudad solo reciba el 1% de las utilidades, mientras se entrega un espacio público tan valioso por casi tres décadas”, afirmó el concejal José Cuesta durante un debate en el Cabildo Distrital. Cuesta también expresó su preocupación por la posible desaparición de espacios como el Estadio Campincito y otras canchas comunitarias: “Se está desplazando a la ciudadanía para dar paso a zonas comerciales que no responden a las verdaderas necesidades de Bogotá”.
Uno de los puntos más sensibles ha sido la transformación del entorno urbano. Más de 5.000 predios podrían verse impactados, lo que, según el concejal, “exacerbaría los problemas de movilidad y afectaría la calidad de vida de los residentes”.
También se ha planteado la posibilidad de cambiar el nombre del estadio, una opción que Cuesta considera un desacierto: “El Campín está íntimamente ligado a la identidad de Bogotá. Cambiar su nombre sería borrar parte de nuestra historia”.
La remodelación contempla un aforo de 45.000 - 50.000 espectadores, lo que ha sido considerado insuficiente por algunos sectores. “Mientras ciudades como Barranquilla avanzan hacia estadios de 70.000 personas, Bogotá parece conformarse con menos”, dijo Cuesta, quien propuso una capacidad mínima de 80.000 asientos.
Organizaciones de hinchas como Nación Verdolaga y Guardia Albirroja Sur han manifestado su inconformidad, señalando una posible elitización del acceso al espectáculo deportivo. “La eliminación de espacios informales y el aumento en los precios de las boletas excluyen a los sectores populares”.