Recientemente, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra la alcaldesa Claudia López por el hacinamiento carcelario que presenta Bogotá. Ante esto, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, le dio una dura respuesta a la entidad y defendió a la mandataria.
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Según la Procuraduría, la mandataria sería encontrada culpable por no crear, dirigir, organizar, administrar y vigilar los centros carcelarios y de prisión preventivos en Bogotá, lo que correspondería a un incumplimiento en sus funciones.
En esta investigación también estaría implicado el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez. Según los reportes de Sala Disciplinaria de Instrucción, los funcionarios no le estarían brindando las garantías necesarias a las personas privadas de la libertad.
“La actuación disciplinaria que inició la entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad”, señaló el Ministerio Publico.
Cabe recordar que desde enero del presente año la Procuraduría le ha llamado la atención a la alcaldesa y le ha pedido tomar medidas frente a esta problemática.
¿Cuál fue el llamado de atención de la Procuraduría?
Según reveló un informe de la Subcomandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, la capital tiene un hacinamiento de 254% en estos centros de reclusión transitoria, como lo son estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). Además, se demostró que hay 409 Policías dedicados exclusivamente a la detención y custodia de personas en la ciudad.
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Así las cosas, la Procuraduría le pidió públicamente a la alcaldesa tomar medidas para " asumir directamente, como lo determina la ley, la administración y vigilancia de cárceles para personas detenidas preventivamente", recordando que el Gobierno Distrital no ha cumplido con las condiciones pactadas con la Delegada para los Derechos Humanos que pondrían alto a la crisis carcelaria.
“La administración ha hecho caso omiso a las advertencias de esta Procuraduría Delegada y, como consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vulneración de Derechos, fugas y alegaciones por supuestos tratos crueles, degradantes e inhumanos al interior de estos centros”, se lee en el comunicado.
